PUEBLOS ORIGINARIOS EN SALTA: SIN TIERRA, SIN HOGAR Y SIN RESPUESTAS DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

Niños sin poder ir a clase; tampoco hay asistencia sanitaria a menores de 2 años

Continúan en la calle tras el desalojo las familias ava guaraní en Orán

Situación actual de las familias guaraní desalojada

 

Lunes 01 de julio de 2013

Por: Equipo de Comunicadores del ENOTPO

L

as familias Zenteno, Palacios y Mayuari, pertenecientes a la comunidad ava guaraní “Evita”, quiénes vivían en condiciones de hacinamiento en la parcela donde construyeron sus viviendas desde hace más de 25 años, continúan en la calle y en la intemperie tras ser desalojados por órden del Juez Dr. Raúl Fernando López, del Juzgado Correccional de Garantía y Menores N° 1 de Orán.

El Juez había dado curso al desalojo a consecuencia de la denuncia realizada por la señora Mabel Arias, que reside en la ciudad de Salta Capital, quien compró la parcela -pero nunca vivió en el lugar- a la inmobiliaria Ben Zer, de dudosa procedencia, encargada de las transacciones de la compra/venta de las tierras que figura como titular registral el señor Bernáldez Miguel Héctor, fallecido, sin dejar sucesores.

La causa que desaloja a las familias mencionada ha sido caratulada “ZENTENO MARISCAL, JUAN BAUTISTA Y PALACIOS, GLADYS AMANDA – USURPACIÓN DE PROPIEDAD – ARIAS MABEL”, el cual es muy cuestionado por vecinos y los afectados quiénes mencionan que “no puede ser usurpación cuando la compradora nunca habitó en el lugar, además si lo compró fue hace dos años recién cuando ella apareció por el lugar, mientras que la familia desalojada vive en el lugar por más de 25 años”, mencionaron.

De la misma manera, la presidente de la comunidad ava guaraní “Evita”, Betty Sandalio, y la expresidente anterior mostraron públicamente los censos desde la conformación de la comunidad hasta la actualidad en el que la señora denunciante no figura en ningunos de ellos.

Los vecinos manifestaron, además, que muchas familias quisieron regularizar sus tierras tras pagar sumas importante -años atrás- a la inmobiliaria Ben Zer por concepto de compra/venta de las parcelas, pero que en inmueble de Salta les informaron que las documentaciones presentadas no tienen ningún tipo de validez por los siguientes motivos: Falta de certificación de firmas del comprador y vendedor, acreditando la presentación legal del vendedor y la designación como Administradora Judicial de la Señora Margarita Loza de Bernáldez; No coincide el apellido de la vendedora, citado en boleto con el registro en Cédula Parcelaria; Falta de acreditación pago Convenio con respecto a la cesión del boleto, entre otros.

Por otro lado, la Delegada de la Organización de Comunidades Ava Guaraní ÑEMBOTI GUASU TATA OGUE MBAE, del Departamento Orán, Norma Zurita, informó que “hasta ahora ningún representante del gobierno municipal ni provincial se hizo eco de esta situación, por lo que aún las cuatro familias continúan en la calle desde el día viernes 28 de junio sin ningún tipo de cobertura, sin tierra y sin hogar”, dijo.

Las cuatro familias se encuentran sin poder enviar a los niños a la escuela por tener los útiles y las ropas mojadas en la calle, y los menores de 2 años no tienen ningún tipo de atención sanitaria; al estar en la calle tampoco cuentan con servicios de agua ni lugar para hacearse. Los mismos están compuesto por: Juan Zenteno (padre), Gladys Palacios (Madre), Palacios Ramiro (23), Silvia Altamirano (29); Palacios Tatiana (21), Palacios Emanuel (2); Palacios Ricardo (20), Mayuari Elisa (18), Ricardo Angel Palacios (2), Ulises Palacios (8 meses); Zenteno Paola (14), Zenteno Oscar (12), Zenteno Magalí (11), Zenteno Nadia (10).

ULTIMO MOMENTO-PUEBLOS ORIGINARIOS EN SALTA

La justicia de Orán continúa desconociendo la Ley 26.160 y su Prórroga 26.554 que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas

Desalojaron a familia ava guaraní en Orán por orden del Juez López

Viernes 28 de Junio de 2013

Por Equipo de Comunicadores del ENOTPO

En la mañana de este viernes 28 de junio, más de 50 efectivos policiales e infantería, encabezado  por el Comisario Cruz Vilte, procedieron a desalojar a la familia Zenteno y Palacio, miembros de la Comunidad Ava Guaraní “Evita”, por orden del Juez Dr. Raúl Fernando López, desconociendo la Ley 26.160 y su Prórroga 26.522 que prohíbe todo tipo de desalojo a las comunidades de los pueblos originarios.

Ante la impotencia, llantos y desesperación de los integrantes de la familia afectada, una cuadrilla de efectivos policiales ingresó al domicilio para proceder el desarmado de la vivienda, mientras otra cuadrilla custodiaba el ingreso y la salida del lugar, y otros tantos alrededor la manzana. Fueron los propios uniformados los que sacaron los muebles y las pertenencias que se encontraban en la vivienda precaria de la familia Zenteno. Ante esta situación, un miembro varón de la familia quiso ingresar a su vivienda para sacar sus pertenencias por lo que tuvo que forcejear con los efectivos policía hasta detenerlo y arrestarlo, por lo que se encuentra en prisión en estos momentos.

En este momento la familia Zenteno, compuesta por 7 menores y 6 mayores se encuentra en la intemperie y sus muebles en la calle, sin ningún tipo de protección ni lugar para pasar la noche. La orden de desalojo y notificación había sido enviada a la familia el día lunes 24 de junio. A raíz de esto, el abogado Mascietti intentó interponer un escrito para evitar que se lleve adelante la orden y no fue aceptado por el Juzgado Correccional de Garantía y Menores N° 1 de Orán. La causa ha sido caratulada “Zenteno Mariscal, Juan Bautista y Palacios, Gladys Amanda – Usurpación de Propiedad – Arias Mabel”, Expediente 20002/11. Según informaciones, la señora Mabel Arias, que reside en la ciudad de Salta Capital, compró esa parcela.

Según informaciones vertidas en el lugar, la orden de desalojo no solo es para esta familia, sino que está prevista para el total de las más de 120 que viven en la comunidad. En este momento, autoridades tradicionales de otras comunidades ava guaraní y referentes de la Organización de Comunidades Ava Guaraní Ñemboati Guasu Tata Ogue Mbae se encuentran en lugar acompañando a la familia damnificada.

La comunidad originaria Ava Guaraní Evita, se encuentra ubicada en la periferia Sur de la ciudad de Orán, entre Av. Los Constituyente y Calle Perito Moreno, con una población de alrededor de 120 familias distribuidas en dos manzana. Las familias comenzaron a habitar la zona desde 1985. En aquel tiempo, el lugar se encontraba rodeado de malezas, árboles y baldíos. A partir de 2005, las familias deciden que la comunidad originaria ava guaraní lleve el nombre de “Evita”, en el mismo año, los miembros de la comunidad inician el trámite de la personería jurídica que no prosperar; recién en 2011 se retoma con fuerza la gestión, por lo que actualmente se encuentra con expediente.

"Hay grandes grupos mediáticos que utilizan a Félix Díaz y su reivindicación"

Fernández dijo que el dirigente qom fue recibido por el INAI y por la Secretaría de Derechos Humanos. "El Estado nacional no está ausente", se defiende. Señaló que hay problemas que se deben resolver en las provincias.

Por:
Lucía Álvarez

 Esta semana, integrantes de las comunidades originarias liderados por Félix Díaz realizaron una vigilia en Plaza de Mayo, exigiendo una entrevista con la presidenta Cristina Fernández. Al no recibir respuesta, anunciaron que actualizarán su reclamo todos los miércoles en la Plaza de Mayo. En diálogo con Tiempo Argentino, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, explica por qué no los convocaron, habla sobre la criminalización de la protesta y el agronegocio, actualiza el estado del relevamiento de comunidades y denuncia presiones de los grandes propietarios, los medios de comunicación y la falta de acompañamiento de los gobiernos provinciales.

–¿Por qué no se los atendió?
–La presidenta ha atendido y atiende a representantes indígenas, sin intermediarios, ni ONGs. La realidad es que Félix Díaz estuvo reunido en el último mes con el secretario de Derechos Humanos, el INAI y la Corte Suprema de Justicia. No es que el Estado no lo atiende. Es más, el relevamiento territorial en la provincia de Formosa empieza el 25 de junio, en la comunidad La Primavera, el corazón del conflicto. Díaz lo sabe. Es importante recordar que la reforma de 1994 reconoció derechos, pero hasta 2003 ningún gobierno había sancionado leyes que los efectivizaran. Este gobierno aprobó la Ley 26.160, la Ley de Educación Nacional que incluye la enseñanza intercultural bilingüe, y la Ley de Medios. Cuando fue el conflicto trágico en la comunidad La Primavera en 2010, Félix Díaz no estaba reconocido como representante. El Estado nacional organizó la elección, y el INAI le dio la personería a la comunidad. El Estado nacional no ha estado ausente. Eso es mentira. Hay grandes grupos mediáticos que están utilizando a Félix Díaz y su reivindicación. No es un indígena autónomo.
–Pero es reconocido como un referente del conflicto indígena, ¿no sería un gesto atenderlo?
–Está siendo utilizado. Hubo una serie de accidentes y se habla de etnocidio. La Campaña del Desierto terminó hace años. El estado de cumplimiento de Derechos Humanos no tiene nada que ver con eso.
–¿Hay una creciente criminalización de la protesta indígena?
–La agresión a su hijo fue un tema interno. El secretario de Derechos Humanos sigue ese conflicto personalmente. Hubo muchos avances en la comunidad: el relevamiento, el agua potable. Es lento, puede ser. Pero eso también sucede porque la Constitución le reconoce a las provincias el dominio de los recursos naturales. Nos obliga a una política de negociación. Lo mismo con la explotación minera. Vamos rodeando el tema, no es que no hacemos nada.
–¿Es cierto que sólo se ha relevado un 24% del territorio?
–Es otra mentira del diario Clarín. Están relevados 4 millones y medio de territorios, y más de 400 comunidades, es decir, el 45 por ciento. Es un proceso que es gradual, pero tenemos la posibilidad de terminarlo en dos o tres años.
–La ley se sancionó en 2006, tuvo que prorrogarse y está por vencerse otra vez, ¿no falta compromiso?
–Relevar no es llenar una planilla. Por la oposición de los sectores propietarios, y los medios, y porque hay que firmar convenios con las provincias. Tuvimos presiones. No es fácil. Se está tocando el corazón de la propiedad en la Argentina.
–Pero no se lo suele asociar a un conflicto por la tierra...
–Es verdad. Se los subestima. Pero el relevamiento no es un censo, es mucho más. Vélez Sarsfield elaboró un Código Civil con 4 mil artículos y no mencionó la palabra indígena. Es el único en no considerar la costumbre como fuente de derecho. Eso es lo que se va a cambiar con esta reforma al Código, que formaliza los derechos indígenas como colectivos, y establece el derecho a la consulta. 
–¿No está en el convenio de la OIT?
–Pero los tribunales provinciales desconocen la aplicación directa. Ese es el problema más grande que tenemos: la dispersión. Y los propietarios concentrados tienen un grado de influencia muy grande en los tribunales y también en los medios.
–¿El modelo de agronegocio obstruye?
–Claro, se producen tensiones en el territorio. El avance en los cultivos y la explotación minera tensiona el territorio. Pero, ¿sabés cuántos desalojos se evitaron en este tiempo? Catorce mil. La defensa frente al desalojo es una de las respuestas al intento de avanzar de esos sectores.
–¿Se va a hacer una nueva prórroga para extender la emergencia y  evitar los desalojos?
–El relator especial James Anaya, con una total falta de respeto, pidió que no se caiga. Esta fuerza política es la que lo sancionó, la que lo aplica y la que lo va a renovar. Los organismos internacionales lo único que hacen es alargar los conflictos y proteger a las ONG. La gente de La Primavera es desalojada, pero de la ruta. Tienen 5187 hectáreas, 200 familias. Y hay arrendamiento sojero, de ambos lados. Esta es una de las discusiones que nos debemos. Porque la propiedad comunitaria es inembargable, libre de impuestos, pero no se puede ceder la explotación a un tercero.
–¿Cómo controlar la contaminación de las empresas transnacionales?
–El Estado nacional se encontró con provincias que habían hecho acuerdos con transnacionales mineras y hidrocarburíferas. Tenemos la constitución que tenemos. Si me preguntás mi opinión, creo que hay que reformarla, porque el dominio y las facultades ambientales están en sus manos. Yo no descalifico las peticiones, pero hay cuestiones que se deben dirimir en los territorios. Algunas críticas son muy injustas. Porque incluso desde lo simbólico se han dado avances. La presidenta está desmontando la estatua de Colón, y no es un tema menor. Es el símbolo de la conquista al lado de la Casa Rosada.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
–La sanción del nuevo Código Civil abrirá tres pasos: la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, la modificación a la ley que creó el INAI, y después vamos hacia una ley de consulta y participación indígena. 

“El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos indígenas”

 Por Milagros Salazar

Cuando el Estado respeta los derechos humanos, ejercita su soberanía, dice James Anaya. Crédito: Milagros Salazar/IPS.

DARWIN, Australia, 4 jun 2013 (IPS) - “Se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana”, advirtió el relator de la ONU para asuntos indígenas, James Anaya. Consultar a estos pueblos “es crear procesos abiertos donde los indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos”.

Anaya, abogado litigante y relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, sobresalió en la diversidad de rostros, idiomas, culturas y experiencias que coincidieron en la conferencia de WIN (Red Indígena Mundial), realizada del 26 al 29 de mayo en Darwin, Australia.
En 30 minutos de exposición, Anaya hizo énfasis en la importancia de que los Estados respeten y apliquen medidas relacionadas con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.
En su fugaz paso por Darwin, Anaya se dio un tiempo para hablar con Tierramérica sobre la polémica implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas y el reto de concebir modelos de desarrollo que permitan a los países acceder a la prosperidad y respetar los derechos de las comunidades nativas.
En su opinión, Perú es el país latinoamericano con más avances normativos para aplicar la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante proyectos o actividades que afecten el territorio y la cultura de un pueblo aborigen.
Pero a Lima le falta demostrar en la práctica su capacidad de respetar los derechos indígenas. “De la experiencia se aprende porque ahí se va construyendo un proceso adecuado”, señaló.
Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia están discutiendo esos mecanismos, si bien aún no cuentan con normas y protocolos internos para llevar a cabo las consultas. Para Anaya, no “es exigible” que los Estados aprueben leyes y solo entonces comiencen a consultar. El mayor requisito es tener “voluntad” de respetar los derechos, dijo.
TIERRAMÉRICA: Existe la percepción de que algunos gobiernos de América Latina se manejan con un doble estándar: suscriben instrumentos internacionales para proteger los derechos indígenas, pero no aplican medidas para respetarlos. ¿Usted coincide con esta idea?

 JAMES ANAYA: Creo que es un avance que casi todos los países latinoamericanos hayan votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificado el Convenio 169. Son pasos importantes.
Ahora toca implementar esos procesos, pero es muy complejo. Los Estados tienen que hacer esfuerzos para enfrentar el desafío. Son varios los asuntos a considerar ahí: primero, la educación de los funcionarios estatales para entender que estas normas no son solo de relación internacional, sino de aplicación interna porque se dirigen a pueblos indígenas que están en sus territorios.
Lo segundo es tener la voluntad política para hacerlo, y eso a veces es el problema porque hay varias fuerzas políticas y económicas que enfrentar. Tercero, establecer mecanismos de colaboración con los pueblos indígenas para implementar las normas.
TIERRAMÉRICA: Uno de los asuntos con mayores resistencias de las autoridades es la implementación de la consulta previa. ¿Cómo ve los criterios que están tomando en cuenta los gobiernos para establecer cuál es un pueblo indígena con derecho a ser consultado?
JA: Eso varía mucho en los países, depende de qué Estado.
TIERRAMÉRICA: Por ejemplo Perú.
JA: En Perú apenas están comenzando a aplicar su ley y su reglamento. Yo sé que hay todo un debate sobre el registro (de los pueblos indígenas), pero aún hay que ver cómo van a aplicar la ley. Espero que lo hagan de acuerdo a los estándares internacionales.
Por otro lado, hay que reconocer que la consulta se base en derechos fundamentales que de alguna manera se aplican a todos. En el caso de los pueblos indígenas, por sus características, se trata de procedimientos diferenciados y especiales. No es cuestión de consideraciones abstractas, hay que verlo en el terreno.
TIERRAMÉRICA: Hablando de casos concretos, en Perú sí hay consenso en consultar a los pueblos indígenas de la Amazonia, pero no ocurre lo mismo cuando se habla de comunidades campesinas que se ubican precisamente en zonas de actividades extractivas. 
JA: Siempre se deben proteger los derechos de los pueblos indígenas. Hay que avanzar en el desarrollo para beneficio de todos, pero protegiendo los derechos indígenas. Y conseguir las dos cosas es posible, no son incompatibles.
TIERRAMÉRICA: Quizás ese es el problema: que los Estados consideren que hay que dejar de respetar los derechos indígenas para promover la inversión privada en sus tierras…
JA: Lo que pasa es que los modelos que han existido han mostrado esto (los derechos y el desarrollo económico) como algo incompatible. Quizás de lo que se trata es de crear nuevos modelos basados en derechos humanos, modelos que respeten los derechos de los pueblos indígenas. No es cuestión de frenar el desarrollo.
TIERRAMÉRICA: Eso que parece tan sencillo de entender, genera resistencias.
JA: Hay mucha polarización entre las partes y habría que dialogar más.
TIERRAMÉRICA: ¿Cree que el Estado pierde soberanía si un pueblo indígena tiene la última palabra sobre llevar a cabo o no un proyecto de inversión en su territorio?
JA: El Estado no pierde soberanía si respeta los derechos humanos o los derechos indígenas. Tiene que acatar estas normas para respetar los derechos, el Estado no puede hacer lo que quiere.
Yo diría que el respeto de estos derechos es una forma de asegurar que esta soberanía se ejerza. Cuando el Estado respeta los derechos humanos, ejercita su soberanía porque favorece a los ciudadanos y a los pueblos.
TIERRAMÉRICA: Sin embargo, hay una pérdida de confianza en los gobernantes. ¿Cómo garantizar procesos de consultas legítimas que permitan desentrampar el debate?
JA: Hay que superar la desconfianza, los prejuicios. Se trata de crear procesos abiertos donde los pueblos indígenas puedan opinar, influir en las decisiones y donde haya buena voluntad para buscar consensos.
Lo que pasa es que a veces se cree que el consentimiento es decir sí o no y quién gana. El consentimiento viene vinculado a la consulta, hablas de la consulta con el fin de llegar a un consentimiento, a consenso. No es cuestión de que una parte imponga su opinión a la otra.

* Este artículo fue publicado originalmente el 1 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.