Comunidades de la Ruta 86 firmaron acuerdo con la
fundación Nueva Esperanza por el 50% del arrendamiento de la finca “Cañita”.
Autoridades de
comunidades del pueblo Wichí, Chorote y Toba en el corte de ruta día viernes
antes del acuerdo
Por: Equipo de Comunicadores del ENOTPO
En la tarde
de este sábado último, después de dos días de corte de la Ruta Nacional 86,
efectuada por un centenar de comuneros, entre ellos mujeres y niños, a 6
kilómetro al este de la localidad de Tartagal, provincia de Salta, podrán
contar con parte de los beneficios que deja la Finca Cañitas por concepto de
arrendamiento que había firmado por diez años la Fundación Nueva Esperanza con
la firma Hijos de Salvador Muñoz S.R.L.
Los
caciques de las comunidades de los pueblos Wichi, Toba y Chorote venían
denunciando engaños, ardid y abandono a las comunidades por parte de la Fundación
Nueva Esperanza desde hace 25 años. Y, sobre todo, la falta de participación en
los beneficios económicos que deja el arrendamiento de 1.208 hectáreas de la
finca Cañitas del Puesto Alcoba, que se encuentra a 34 kilómetros al este de la
ciudad de Tartagal sobre la Ruta Nacional 86.
En varias
oportunidades los caciques y pastores evangélicos indígenas procuraron años
atrás denunciar judicialmente esta maniobra de la Fundación Nueva Esperanza que
se quedó con las tierras de las comunidades, pero sin resultado alguno. El
traspaso del dominio había sido través de un acto en el que los directivos de
la fundación manipularon y engañaron a dos caciques para firmar la donación de
las 2.000 hectáreas de tierras que se había comprado con los fondos provenientes
desde Suecia para la iglesia evangélica Misión Indígena Bautista, que nuclea a
33 comunidades originarias de la zona.
Desde 2004,
la fundación había firmado un contrato de arrendamiento con la firma Hijos de
Salvador Muñoz S.R.L. por diez años, en el que año tras años deja, por concepto
de pago del arrendamiento, un 20 % del total de la producción de poroto, soja o
cártamo, del que ninguna de las comunidades hoy tienen conocimiento, ayuda, ni
asistencia, y viviendo en una situación de total pobreza.
La demanda
había sido presentada a principio de este año a través de los Asesores
Jurídicos compuesto por los Doctores Ramón Valor, Mariano Guzmán y Ramón Leal
que se desempeñan en el marco del Fortalecimiento Jurídico de las
organizaciones territoriales de pueblos originarios de los departamentos San
Martín y Orán. Desde entonces se realizaron varias presentaciones judiciales
que los propios directivos se encargaron de soslayar en reiterada oportunidad.
Ante esta
situación, los caciques se vieron en la necesidad de llegar al corte de ruta
como última medida para visibilizar la demanda de las comunidades. Por lo que desde
del día jueves 11, mujeres niños, ancianos y adultos salieron a cortar la Ruta
Nacional 86, a seis kilómetros al este de la ciudad de Tartagal. Durante el día
viernes 12, en pleno recordatoria de la invasión colonial en territorio de los
pueblos originarios y en el que se celebraba el Día del Respeto a la Diversidad
Cultural en Argentina, las comunidades del pueblo Wichí, Chorote y Toba continuaban
siendo víctimas de la cultura colonial avasalladora e inhumana que se
apropiaron de sus territorios, esta vez disfrazados de pastores evangélicos.
Esta medida
obligó a los directivos de la fundación reunirse con los caciques y sus
asesores jurídicos en horas de la tarde, que se llevó a cabo en la Comisaría 42,
Unidad Regional N° 4 de la ciudad de Tartagal, el cual inició a las 18:00 y se
extendió hasta las 21:00. Después de un arduo debate se logró llegar a un
acuerdo en el que la fundación reconoció las demandas de las comunidades y se
comprometió a ceder el 50% del total de los fondos recibidos de la empresa
Muñoz por pago del arrendamiento de las 1.208 hectáreas de la finca Cañita.
La firma
del acta acuerdo se llevó a cabo el día
sábado a las 17:00 en la misma comisaría en el que firmaron, por una parte la
presidente de la Fundación Nueva Esperanza la sueca Elena Johansson, y por las
comunidades Oscar Lorenzo, cacique de la comunidad Wichi Lote “B” Inatek
Tuscal; Juan Esquivel, cacique de la comunidad Chorote; Samuel Rojas, cacique
de la comunidad Toba “KOM LEK”; Guisano Roberio, cacique de la comunidad el
“Mistol - Ahayuck”; Angel Suarez, cacique de la comunidad aborigen “El
Cebilar”; Samuel Torres, cacique de la comunidad Wichí Km 5 “Fwolit”; Bautista Pascual,
representante de la comunidad Wichí Km 6 “Los Horneros”.
Después e
la firma del acuerdo, el cacique Ángel Días, expresó que la fundación está
dando a las comunidades y los pueblos lo que realmente le corresponde. “Se ha
conseguido que de una vez por toda que se dé al pueblo y a las comunidades lo
que le corresponde. Del 100% estamos hablando de compartir un 50% con las siete
comunidades que encabezaron esta demanda a través de sus caciques, quienes
presentamos los papeles legales con el asesoramiento de nuestros abogados, que
trabajaron el caso desde principio de año. Desde entonces se pidió legalmente
lo que corresponde por derecho a las comunidades del pueblo Wichi de esta zona.
Hoy es un triunfo muy importante porque logramos rescatar algo que es nuestro y
seguramente esto va a quedar en nuestras manos para dar una mínima solución
para nuestra gente que lo necesita”, expresó.
Según el
acuerdo firmado, los fondos rescatados serán destinados para la consecución de
proyectos sociales, de reforestación, huertas orgánicas, programas de
viviendas, dotación de agua potable, tendido de energía eléctrica, etc. destinado
a las comunidades originarias de la zona.
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