Por Darío Aranda
Son tierras del departamento de San Martín, que habían sido
protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar
comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa
manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí
están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios.
Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín,
zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que
habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en
2008.
“La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”,
denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y
afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el
avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de
Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron
arrasadas 360.000 hectáreas,
un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la
Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron
358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que
debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la
Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de
la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron
46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron
72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se
desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas
por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley.
“No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas)
a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia
desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para
avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián,
departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había
protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger).
“Los
empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad
indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas
hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite
para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue
realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y
Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento
jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a
cambio de diez casas para la comunidad indígena
y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios.
En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir.
El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada
una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad
la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la
audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado.
Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos.
“Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las
10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias
originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es
inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la
Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar
ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y
amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy
está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta
para los desmontadores:
estableció que la zonificación por colores
era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la
autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las
consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por
quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde
no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la
Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la
comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia
para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que
trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe
técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de
Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se
arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene
serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”,
recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la
presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar
las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos,
el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma
wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los
testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar
acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los
dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado.
Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
Página/12
