Fernández dijo que el dirigente qom fue recibido por el INAI y por la Secretaría de Derechos Humanos. "El Estado nacional no está ausente", se defiende. Señaló que hay problemas que se deben resolver en las provincias.
Por:
Lucía Álvarez
Lucía Álvarez
Esta
semana, integrantes de las comunidades originarias liderados por Félix
Díaz realizaron una vigilia en Plaza de Mayo, exigiendo una entrevista
con la presidenta Cristina Fernández. Al no recibir respuesta,
anunciaron que actualizarán su reclamo todos los miércoles en la Plaza
de Mayo. En diálogo con Tiempo Argentino, el presidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, explica por
qué no los convocaron, habla sobre la criminalización de la protesta y
el agronegocio, actualiza el estado del relevamiento de comunidades y
denuncia presiones de los grandes propietarios, los medios de
comunicación y la falta de acompañamiento de los gobiernos provinciales.
–¿Por qué no se los atendió?
–La presidenta ha atendido y atiende a representantes indígenas, sin intermediarios, ni ONGs. La realidad es que Félix Díaz estuvo reunido en el último mes con el secretario de Derechos Humanos, el INAI y la Corte Suprema de Justicia. No es que el Estado no lo atiende. Es más, el relevamiento territorial en la provincia de Formosa empieza el 25 de junio, en la comunidad La Primavera, el corazón del conflicto. Díaz lo sabe. Es importante recordar que la reforma de 1994 reconoció derechos, pero hasta 2003 ningún gobierno había sancionado leyes que los efectivizaran. Este gobierno aprobó la Ley 26.160, la Ley de Educación Nacional que incluye la enseñanza intercultural bilingüe, y la Ley de Medios. Cuando fue el conflicto trágico en la comunidad La Primavera en 2010, Félix Díaz no estaba reconocido como representante. El Estado nacional organizó la elección, y el INAI le dio la personería a la comunidad. El Estado nacional no ha estado ausente. Eso es mentira. Hay grandes grupos mediáticos que están utilizando a Félix Díaz y su reivindicación. No es un indígena autónomo.
–Pero es reconocido como un referente del conflicto indígena, ¿no sería un gesto atenderlo?
–Está siendo utilizado. Hubo una serie de accidentes y se habla de etnocidio. La Campaña del Desierto terminó hace años. El estado de cumplimiento de Derechos Humanos no tiene nada que ver con eso.
–¿Hay una creciente criminalización de la protesta indígena?
–La agresión a su hijo fue un tema interno. El secretario de Derechos Humanos sigue ese conflicto personalmente. Hubo muchos avances en la comunidad: el relevamiento, el agua potable. Es lento, puede ser. Pero eso también sucede porque la Constitución le reconoce a las provincias el dominio de los recursos naturales. Nos obliga a una política de negociación. Lo mismo con la explotación minera. Vamos rodeando el tema, no es que no hacemos nada.
–¿Es cierto que sólo se ha relevado un 24% del territorio?
–Es otra mentira del diario Clarín. Están relevados 4 millones y medio de territorios, y más de 400 comunidades, es decir, el 45 por ciento. Es un proceso que es gradual, pero tenemos la posibilidad de terminarlo en dos o tres años.
–La ley se sancionó en 2006, tuvo que prorrogarse y está por vencerse otra vez, ¿no falta compromiso?
–Relevar no es llenar una planilla. Por la oposición de los sectores propietarios, y los medios, y porque hay que firmar convenios con las provincias. Tuvimos presiones. No es fácil. Se está tocando el corazón de la propiedad en la Argentina.
–Pero no se lo suele asociar a un conflicto por la tierra...
–Es verdad. Se los subestima. Pero el relevamiento no es un censo, es mucho más. Vélez Sarsfield elaboró un Código Civil con 4 mil artículos y no mencionó la palabra indígena. Es el único en no considerar la costumbre como fuente de derecho. Eso es lo que se va a cambiar con esta reforma al Código, que formaliza los derechos indígenas como colectivos, y establece el derecho a la consulta.
–¿No está en el convenio de la OIT?
–Pero los tribunales provinciales desconocen la aplicación directa. Ese es el problema más grande que tenemos: la dispersión. Y los propietarios concentrados tienen un grado de influencia muy grande en los tribunales y también en los medios.
–¿El modelo de agronegocio obstruye?
–Claro, se producen tensiones en el territorio. El avance en los cultivos y la explotación minera tensiona el territorio. Pero, ¿sabés cuántos desalojos se evitaron en este tiempo? Catorce mil. La defensa frente al desalojo es una de las respuestas al intento de avanzar de esos sectores.
–¿Se va a hacer una nueva prórroga para extender la emergencia y evitar los desalojos?
–El relator especial James Anaya, con una total falta de respeto, pidió que no se caiga. Esta fuerza política es la que lo sancionó, la que lo aplica y la que lo va a renovar. Los organismos internacionales lo único que hacen es alargar los conflictos y proteger a las ONG. La gente de La Primavera es desalojada, pero de la ruta. Tienen 5187 hectáreas, 200 familias. Y hay arrendamiento sojero, de ambos lados. Esta es una de las discusiones que nos debemos. Porque la propiedad comunitaria es inembargable, libre de impuestos, pero no se puede ceder la explotación a un tercero.
–¿Cómo controlar la contaminación de las empresas transnacionales?
–El Estado nacional se encontró con provincias que habían hecho acuerdos con transnacionales mineras y hidrocarburíferas. Tenemos la constitución que tenemos. Si me preguntás mi opinión, creo que hay que reformarla, porque el dominio y las facultades ambientales están en sus manos. Yo no descalifico las peticiones, pero hay cuestiones que se deben dirimir en los territorios. Algunas críticas son muy injustas. Porque incluso desde lo simbólico se han dado avances. La presidenta está desmontando la estatua de Colón, y no es un tema menor. Es el símbolo de la conquista al lado de la Casa Rosada.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
–La sanción del nuevo Código Civil abrirá tres pasos: la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, la modificación a la ley que creó el INAI, y después vamos hacia una ley de consulta y participación indígena.
–¿Por qué no se los atendió?
–La presidenta ha atendido y atiende a representantes indígenas, sin intermediarios, ni ONGs. La realidad es que Félix Díaz estuvo reunido en el último mes con el secretario de Derechos Humanos, el INAI y la Corte Suprema de Justicia. No es que el Estado no lo atiende. Es más, el relevamiento territorial en la provincia de Formosa empieza el 25 de junio, en la comunidad La Primavera, el corazón del conflicto. Díaz lo sabe. Es importante recordar que la reforma de 1994 reconoció derechos, pero hasta 2003 ningún gobierno había sancionado leyes que los efectivizaran. Este gobierno aprobó la Ley 26.160, la Ley de Educación Nacional que incluye la enseñanza intercultural bilingüe, y la Ley de Medios. Cuando fue el conflicto trágico en la comunidad La Primavera en 2010, Félix Díaz no estaba reconocido como representante. El Estado nacional organizó la elección, y el INAI le dio la personería a la comunidad. El Estado nacional no ha estado ausente. Eso es mentira. Hay grandes grupos mediáticos que están utilizando a Félix Díaz y su reivindicación. No es un indígena autónomo.
–Pero es reconocido como un referente del conflicto indígena, ¿no sería un gesto atenderlo?
–Está siendo utilizado. Hubo una serie de accidentes y se habla de etnocidio. La Campaña del Desierto terminó hace años. El estado de cumplimiento de Derechos Humanos no tiene nada que ver con eso.
–¿Hay una creciente criminalización de la protesta indígena?
–La agresión a su hijo fue un tema interno. El secretario de Derechos Humanos sigue ese conflicto personalmente. Hubo muchos avances en la comunidad: el relevamiento, el agua potable. Es lento, puede ser. Pero eso también sucede porque la Constitución le reconoce a las provincias el dominio de los recursos naturales. Nos obliga a una política de negociación. Lo mismo con la explotación minera. Vamos rodeando el tema, no es que no hacemos nada.
–¿Es cierto que sólo se ha relevado un 24% del territorio?
–Es otra mentira del diario Clarín. Están relevados 4 millones y medio de territorios, y más de 400 comunidades, es decir, el 45 por ciento. Es un proceso que es gradual, pero tenemos la posibilidad de terminarlo en dos o tres años.
–La ley se sancionó en 2006, tuvo que prorrogarse y está por vencerse otra vez, ¿no falta compromiso?
–Relevar no es llenar una planilla. Por la oposición de los sectores propietarios, y los medios, y porque hay que firmar convenios con las provincias. Tuvimos presiones. No es fácil. Se está tocando el corazón de la propiedad en la Argentina.
–Pero no se lo suele asociar a un conflicto por la tierra...
–Es verdad. Se los subestima. Pero el relevamiento no es un censo, es mucho más. Vélez Sarsfield elaboró un Código Civil con 4 mil artículos y no mencionó la palabra indígena. Es el único en no considerar la costumbre como fuente de derecho. Eso es lo que se va a cambiar con esta reforma al Código, que formaliza los derechos indígenas como colectivos, y establece el derecho a la consulta.
–¿No está en el convenio de la OIT?
–Pero los tribunales provinciales desconocen la aplicación directa. Ese es el problema más grande que tenemos: la dispersión. Y los propietarios concentrados tienen un grado de influencia muy grande en los tribunales y también en los medios.
–¿El modelo de agronegocio obstruye?
–Claro, se producen tensiones en el territorio. El avance en los cultivos y la explotación minera tensiona el territorio. Pero, ¿sabés cuántos desalojos se evitaron en este tiempo? Catorce mil. La defensa frente al desalojo es una de las respuestas al intento de avanzar de esos sectores.
–¿Se va a hacer una nueva prórroga para extender la emergencia y evitar los desalojos?
–El relator especial James Anaya, con una total falta de respeto, pidió que no se caiga. Esta fuerza política es la que lo sancionó, la que lo aplica y la que lo va a renovar. Los organismos internacionales lo único que hacen es alargar los conflictos y proteger a las ONG. La gente de La Primavera es desalojada, pero de la ruta. Tienen 5187 hectáreas, 200 familias. Y hay arrendamiento sojero, de ambos lados. Esta es una de las discusiones que nos debemos. Porque la propiedad comunitaria es inembargable, libre de impuestos, pero no se puede ceder la explotación a un tercero.
–¿Cómo controlar la contaminación de las empresas transnacionales?
–El Estado nacional se encontró con provincias que habían hecho acuerdos con transnacionales mineras y hidrocarburíferas. Tenemos la constitución que tenemos. Si me preguntás mi opinión, creo que hay que reformarla, porque el dominio y las facultades ambientales están en sus manos. Yo no descalifico las peticiones, pero hay cuestiones que se deben dirimir en los territorios. Algunas críticas son muy injustas. Porque incluso desde lo simbólico se han dado avances. La presidenta está desmontando la estatua de Colón, y no es un tema menor. Es el símbolo de la conquista al lado de la Casa Rosada.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
–La sanción del nuevo Código Civil abrirá tres pasos: la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, la modificación a la ley que creó el INAI, y después vamos hacia una ley de consulta y participación indígena.
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