miércoles, 30 de noviembre de 2011

EL PACARA-SALTA: HISTORICA ASAMBLEA DE UN PUEBLO QUE BUSCA MAYOR RECONOCIMIENTO EN LA PROVINCIA Y EN LA NACION.

El pueblo Iogys elige por primera vez delegados para articular con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.




La asamblea del pueblo Iogys para designación de los delegados para el CPI, comunidad El Pacará-Tartagal

Por: jacintoaceri@hotmail.com (Equipo de Comunicación ENOTPO)
En la comunidad El Pacará, que dista a unos 38 kilómetros al este de la localidad de Tartagal, sobre la ruta 86, se llevó a cabo el acto eleccionario para la designación de los dos delegados de las comunidades del pueblo Iogyi, que serán parte del cuerpo del Consejo de Participación Indígena (CPI), que funciona a instancia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es un hecho histórico para este pueblo milenario que se creía extinto.
A horas 12:00 del mediodía, bajo las frondosas copas del imponente chañal y algarroba, que se encuentra en el patio de la Escuela 4.276 “Pacará”, en la comunidad del mismo nombre, y con una temperatura que superaban los 45° (grados), inició la asamblea de las autoridades conjuntamente con la coordinadora del Área del CPI-INAI (Consejo de Participación Indígena-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Lucía Battaglia; el Territorial por el NOA de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas (DADI), Germán David y Lucía Linares del Área del CPI-INAI.
Son 9 las comunidades que se reconocieron como pertenecientes al pueblo Iogys. Según relatos de Roberto García, conocedor de la historia de su pueblo, “desde el año 1995 que los miembros de estas comunidades vienen solicitando el reconocimiento en instituciones provinciales como el IPPIS (Instituto Provincia de Pueblos Indígenas de Salta) y espacios de debates sobre los pueblos originarios generados por Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones”, pero no progresaron hasta la actualidad.
Sin embargo, García reconoce que desde que se generó el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), en el año 2009, vienen participando activamente en este espacio como organización del pueblo Iogys, donde tuvieron mayor reconocimiento como comunidades pertenecientes a este pueblo. A raíz de esto, se solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización de la asamblea para designar delegados al Consejo de Participación Indígena (CPI), en el marco de los derechos de participación de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional en el Art. 75, inc. 17 y convenios internacionales.
El implacable calor reinante en el territorio Iogys y wichi no fue impedimento para que la convocatoria sea nutrida y participativa. En la asamblea las autoridades presentes dejaron definidos los lineamientos que serán parte del rol del CPI electo. Hicieron fuerte hincapié en las visitas a las comunidades y solicitaron que los delegados visiten todas las comunidades, porque las necesidades urgentes están en todos partes, que se tendrán que elevar al INAI.
Después del debate, las autoridades acreditadas, procedieron al acto eleccionario. Los postulados fueron cuatro: Celestino Ruíz, de la comunidad Tonono, Jorge López, de la comunidad Las Lomas, Juan Vega, de la comunidad Km 14, Antonio Cabana, de la comunidad Tonono, y Eleuterio Basualdo, de la comunidad El Pacará. La misma se llevó a cabo en una de las aulas de la escuela, a puertas cerradas, en la que solo ingresaron las autoridades.
Finalmente, los delegados electos fueron Antonio Cabana y Jorge López, que serán los representantes ante el Consejo de Participación Indígenas, en representación del pueblo Iogys. Según las votaciones, las autoridades consensuaron y acordaron de manera unánime la designación de Antonio Cabana, mientras que el segundo delegado fue por votación, quedando como ganador Jórge López. De esta manera, el pueblo Iogys, por primera vez en la historia, tendrá participación política a nivel nacional en organismos estatales.

martes, 29 de noviembre de 2011

BALLIVIAN-SALTA: AUTORIDADES WICHI BUSCAN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE AGUA QUE PADECEN LAS FAMILIAS DE LA ZONA

Cinco comunidades se encuentran sin agua para sobrevivir, en la zona hace más de 40 grado.

En los precarios ranchos de las familias wichí, solo cuentan con bidones para recibir agua de consumo

Por: jacintoaceri@hotmail.com (Equipo de Comunicación ENOTPO)
Por la emergencia de agua que padecen las familias wichi, autoridades de las comunidades afectadas, se llegaron a Ballivián en la mañana de ayer (miércoles 23 de noviembre) para intentar hablar con el intendente municipal, Gerardo Samuel Córdoba, para exigirle que envíe agua de consumo para las familias que están padeciendo sequías en las comunidades de Chaguaral, San José, Laguna Cuchuy, El Chorrito y Pozo Fuerte.
Ante la insistencia de las autoridades, que se prolongó hasta el mediodía, lograron entrevistarse con el jefe comunal, quién dispuso un tractor con tanque de agua, que fue enviado en horas de la noche a las comunidades. Pero sin embargo, el tractor quedó sin posibilidad de retornar a Ballivían, debido a que el acceso a la Comunidad de Laguna Cuchuy, fue bloqueado. El portón se encuentra encadenado y con candado.
Mientras tanto, las familias siguen siendo castigadas por la falta de agua, algunos se vieron obligados a migrar hacia Ballivián en busca del líquido elemental para la vida humana.
En horas de las tarde, las autoridades Hugo Díaz (Chaguaral), Pedro Segundo (San José), José Chaile (Laguna Cuchuy), Angel Miguel (Chorrito), y Ricardo Torrez (Pozo Fuerte) se auto convocaron en la Comunidad Seniosa para analizar la situación, en la que también se contó con la presencia de Lorenzo Nolasco, del Consejo de Participación Indígena (CPI) y miembro del Consejo Jurídico de Tartagal y Germán David, Territorial de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas (DADI), quiénes acompañaron en la gestión para conseguir por lo pronto dos tanques de agua de 1100 litros que serán llevados a la comunidades en el día de hoy (jueves).
Las familias del lugar no solo padecen la falta de agua, sino la falta de recipientes o contenedores para almacenara agua para consumo. Solo se cuentan con precarios bidones descartables de aceite o químicos que fueron descartados por los finqueros, o algún tacho de 200 litros, elementos que atentan contra la salud y la vida de las personas. Las comunidades se encuentran en total abandono.
Los caciques informaron que el último tanque de agua que recibieron fue hace una semana y solo llega a dos o tres comunidades. No hay una asistencia periódico de suministro de agua desde ningún lado, ni siquiera del municipio local que debiera velar también por las familias de estas comunidades al ser parte de su jurisdicción, solo les asiste cuando los caciques solicitan esa atención.
Las comunidades mencionada se encuentran a 20 y 35 kilómetro al este de la localidad de Ballivian, y su población se distribuyen según estos números: En la comunidad Chaguaral habitan 11 familias; en San José, 8 familias; en Laguna Cuchuy, 10 familias; en Chorrito, 12 familias. En total 41 familias (niños, adolescentes y adultos) que están padeciendo las consecuencia de la falta de agua. Entre esta población existen niños, adolescentes, adultos y ancianos. En total son 41 familias las que padecen esta angustiante y desesperante situación de la falta de agua para consumo.

Anuncian acuerdo para realizar relevamiento territorial y de salud de los pueblos originarios

El ministro de Salud, Luis César Martínez, junto al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indigénas (INAI) Daniel Fernández, anunciaron la firma de un acuerdo para realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre la situación de las poblaciones indígenas en nuestra provincia.

El Gobierno Provincial, el Estado Nacional, el Consejo de Participación Indígena y representantes de pueblos originarios santiagueños, dieron a conocer la puesta en marcha de un relevamiento territorial de pueblos originarios, para lo cual se destinó un presupuesto operativo de 3 a 4 millones de pesos y un inicio inmediato en cuanto a su tarea.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno y estuvieron presentes, el dirigente Ricardo Cuellar, del departamento Copo, que es además representante de las comunidades Lules-Vilelas y en el Consejo de Participación Indígena; Lucio Ferreira de Vilelas; la Tinkina del Pueblo Tonicotes y representante del CPI, Maria Luisa Pereyra; Walter Barraza del Pueblo Tonocotes; el ministro de Salud de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Luis Martínez; el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Daniel Fernández y el Coordinador Nacional del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Lic. Emiliano Reynoso.

El ministro Martínez, realizó un raconto de las acciones que se realizaron en torno a este tema, “cuando la Dra. Alicia Kirchner era senadora nacional fue una de las impulsoras de la ley 26.160 del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. Al ser esta Ley de Orden Publico, en septiembre de 2007, en la Organización de las Naciones Unidas, se realizo una asamblea donde se declararon los derechos de los pueblos indígenas, que luego en nuestro país, se comenzó a impulsarlos en distintos territorios provinciales para hacer el relevamiento provincial. En septiembre de 2008, el Gobernador, Gerardo Zamora, junto con la Ministra, Alicia Kirchner, firmaron un convenio y en ese marco, es en el que estamos trabajando desde hace un tiempo”.

Especificó que “hemos firmado convenio marco con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud de Desarrollo Social de la Nación para hacer este trabajo, que no solo tiene que ver con el tema tierras, sino también, tratar de ir más allá de todo el relevamiento, con cuestiones sociales y sanitarias de los pueblos originarios”. Comento que en la presente jornada “estamos en Casa de Gobierno y nos hemos reunido con el jefe de Gabinete, Elías Suárez, para contarle cómo vamos desarrollando este trabajo y ya vamos desarrollando en la conformación de estos equipos que vienen trabajando en todo el territorio provincial”.

A su turno, el titular de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Fernández, dijo que “es un gusto estar en Santiago del Estero, compartiendo con las autoridades del Gobierno provincial y con los hermanos de los pueblos indígenas estas acciones, donde sabemos de la rica historia de Santiago del Estero en la conformación de la nación argentina y esa historia no está desligada de la historia de los pueblos originarios. Se viene en este caso a implementar un acuerdo que tiene que ver con relevar las ocupaciones indígenas a la provincia de Santiago del Estero, son entre 40 y 50 comunidades, es un relevamiento del tipo técnico, jurídico y catastral que se realiza, como lo señalaba con participación indígena, de la Provincia y la Nación”.

El funcionario adelantó que “se prevé un trabajo de 18 meses, un monto aproximado de entre 3 y 4 millones de pesos para los trabajos operativos y en este ocasión no solo se trata de elevar la ocupación indígena, sino también aspectos de salud, sociales y productivos. En un momento donde se discute el tema de la tierra, la presidenta de la nación impulso un proyecto de ley de tierra en el Congreso de la Nación”.

Añadió que los pueblos originarios con el Estado “trabajaron el año pasado en el congreso en un anteproyecto de Ley de propiedad comunitaria indígena, que vendría a cumplir lo que la Constitución del año 94 establece”.

A renglón seguido subrayó: “Vemos con mucho agrado esta acción de trabajar en conjunto para poner en marcha la instrumentación de estos acuerdos. Santiago no es ajena a un desarrollo productivo, a una extensión de la frontera agraria en la argentina, esto trae tensiones, se juegan intereses contradictorios y que, como Estado tenemos la obligación de intervenir y nivelar con sentido de Justicia, precisamente para poder relevar con la participación de los hermanos la ocupación actual de los territorios indígenas y luego hacer un estudio catastral de todo, porque seguramente habrá titulares registrales que no coinciden con quienes ocuparon históricamente esos terrenos. Es un trabajo complejo que requiere la comprensión de todos y por eso agradecemos la presencia para difundir este relevamiento ordenar, porque esto va a favor de poner Justicia para quienes detentaron la tierra en forma histórica”.

El Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Daniel Fernández, dijo que observó “con beneplácito las medidas que se adoptaron desde el Gobierno Provincial “en cuanto a la problemática de la tierra, con la suspensión del desmonte por un tiempo determinado” y considero que “la Justicia de Santiago del Estero ha adoptado importantes medidas” en cuanto al caso de la muerte del ciudadano santiagueño, Cristian Ferreyra, desencadenado tras una disputa de tierras.
“Nos solidarizamos por este hecho, entendemos que la Justicia de Santiago del Estero, rápidamente ha adoptado medida con detenciones y abogamos para que este hecho sea esclarecido y que se lleve castigo a quienes son responsables”, especifico.

No obstante, remarco que “además de solidarizarnos, también debemos construir y nuestro propósito es ese, tenemos que avanzar en soluciones, vemos con beneplácito que se adoptaron resoluciones urgentes del Gobierno provincial como es la suspensión de toda actividad de desmonte por 180 días y la creación de este Comité de Emergencia con ámbito participativo”.

Sobre el tema, Fernández consideró: “Esta muy bien la medida del Gobierno provincial de propiciar un ámbito de participación con organizaciones campesinas y también se solicito que estén las organizaciones indígenas, tienden a darle vida al cumplimiento de la Ley de Bosques que muchas veces es desconocido por los intereses del lucro. Nosotros entendemos el tema del desarrollo productivo, estamos a favor de ello, pero con limites, un sentido de Justicia y preservando las cuestiones medio ambientales. Así que, la mejor contribución a lo que pasa es tener un plan de trabajo para avanzar en la resolución de los temas de fondo”.

Remarcó que el plan de trabajo “está en marcha porque estamos en la constitución de los equipos técnicos, se comienzan a girar los fondos antes de fin de año y entre enero y febrero se van a desplegar los equipos técnicos en Santiago del Estero para el plan de trabajo”.

Por otro lado, relató que durante muchos años “viene funcionando el Consejo de Participación Indígena en Santiago del Estero, un consejo que tiene actividades y que viene recabando información, nosotros como estado nacional tenemos registro de comunidades que van más allá del registro de la propia personería jurídica, sino que tiene en cuenta aspectos culturales, donde nosotros tenemos actividades e información de la provincia”.

En ese marco, recordó que “ya hubo siete relevamientos de comunidades realizadas en forma centralizada para tratar de anticiparse a situaciones de conflictos. Por otro lado queremos resaltar un trabajo articulado con el área de Salud y Desarrollo Social de la Provincia para poder tener una respuesta más integral”.

Por otro lado, Fernández, reflexionó en que “una de las cuestiones muy vinculadas al tema de la tierra es que muchas veces no coinciden en aspectos o de la vida indígena. Los pueblos originarios no vieron la tierra como mero medio de producción y más aun desvinculados de producir para el mercado, pero indudable que debemos ser respetuosos de esas pautas culturales, pero también se está analizando aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento económico y productivo y en ese sentido, poder potenciar iniciativas para los pueblos ya que tienen trabajadores artesanales entre otras cuestiones, por eso este relevamiento tiene una mirada no solo en la posesión indígena sino también de manera más integral en otros aspecto como salud, educación y el aspecto productivo”.

A su turno, Ricardo Cuellar, representante de la comunidad Lules Vilelas y activo dirigente de organizaciones campesinas, se mostró de acuerdo en que se realice “este relevamiento territorial y se concrete hacia los pueblos originarios”. En ese contexto, recordó que “muchas veces hemos denunciado algunos de estos hechos violentos, por eso mostramos nuestro anhelo de poder trabajar con Nación y Provincia, coordinando estos problemas que se generaron en distintos territorios”.

En otro tramo de su alocución, Ricardo Cuellar, oriundo del departamento Copo, señaló que uno de sus anhelos tras este relevamiento es que “seamos consultados en todo lo que quieran hacer aquellos que se dicen propietarios de grandes cantidades de tierras, cuando quieren dejar a muchas poblaciones afuera del territorio indígena sin respetar nuestro derecho constitucional, a pesar de que muchos años hemos vivido ahí”.

Recalcó su deseo de que la Ley Nacional sancionada “nos sirva a todas las comunidades y que sea un relevamiento con mucha seriedad hacia los pueblos y muchas garantías de parte de la Provincia y la Nación”.

Lucio Ferreira, de Vilelas, dijo sentir “placer de estar juntos y seguir una lucha juntos”, apunto “al cuidado de la madre tierra” y recordó que desde su nacimiento “nuestros padres y abuelos apuntaron a esa cuestión, por eso, la madre tierra es para nosotros nuestra receptora de vida”.

Finalmente, la Tinkina del pueblo Tonokote, Sapallitan Atojpa y representa CPI, María Luisa Pereyra, dijo que con esta Ley “se hará Justicia con los pueblos originarios a partir de este relevamiento jurídico y catastral que ella determina”.

Recordó como integrante de pueblos originarios, su participación en la redacción de esa ley, y dijo sentirse muy esperanzada de que todo se realice positivamente en la puesta en práctica este relevamiento para llegar a conclusiones que luego pasaran a ser determinantes para la propiedad comunitaria”.

“En este momento de mucho alegría por esta juntos, también agradezco al Jefe de Gabinete, Elías Suárez, quien nos invito a participar en la reunión del Comité de Emergencia para formar parte y tratar todos los problemas que tenemos en nuestro territorio y esto conlleva a un significado muy profundo”, graficó.

Remarcó María Pereyra que “Santiago del Estero, desde siglos, fue parte del gran chaco sudamericano, nuestros bosques eran famosos por tantos quebrachos colorados, por eso esta disposición del Gobierno de Santiago del Estero de suspender el desmonte por 180 días nos alegra enormemente. Para nosotros significa llevar alegría a los pueblos originarios porque protegemos nuestros recursos naturales”.

Finalmente agradeció “este espacio que nos cedieron en compañía de las autoridades a quienes les deseamos todo el éxito en esta tarea de caminar juntos para lograr un desarrollo con identidad, un buen vivir juntos”.

sábado, 12 de noviembre de 2011

BUENOS AIRES-ARGENTINA: JORNADA DE PRESENTACION DE LA COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Activa participación de la Comisión del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en el lanzamiento de la CONADIBIO.

Lanzamiento de la CONADIBIO en el Hotel Castelar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por: jacintoaceri@hotmail.com (Equipo de Comunicación ENOTPO)
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental efectivizaron, este martes 08 de noviembre, el lanzamiento de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de organismos gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales nacionales y provinciales, y autoridades del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).
El lanzamiento tuvo lugar en el salón del Hotel Castelar, en Av. De Mayo 1152, que inició a horas 10:00, con la alocución inicial y de apertura del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan José Mussi, la titular de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, y el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Santiago Herrera, y se extendió hasta el mediodía.
La representación del ENOTPO, integrado por Juan Sebastián Condori, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) y delegado CPI provincia de Salta; Mercedes Velardez y Nancy Chocobar (UPND), provincia de Tucumán; Dra. Marcela Jaramillo (Directora), Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas (DADI), dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Roberto Ñancucheo, autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén; Carlos Flores, delegado de la UPND, provincia de Salta; Dr. Marcelo Lezcano y Dr. Miguel Casimiro, miembros del Equipo Técnico del ENOTPO; Luis Galván (pueblo Qom), delegado centralizado (DADI-INAI), tuvieron una activa participación en las comisiones y talleres que se desarrollaron e instaron a las representaciones gubernamentales nacionales y provinciales continuar apostando a la participación efectiva y genuina de los pueblos originarios a través de sus organizaciones.
Las autoridades de las organizaciones territoriales propusieron a la CONADIBIO políticas que impliquen el respeto y cumplimiento de los derechos adquiridos de los pueblos originarios, contemplados en la Constitución Nacional, en los Tratados y Convenios Internacionales, especialmente lo referido al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y una plena participación en el proceso de aplicación en los territorios.
Entre los aspectos más importantes que tiene que ver con los aportes de la comisión del ENOTPO para la conservación, utilización y acceso a la biodiversidad, se propuso la incorporación y aplicación de los conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos originarios en materia de biodiversidad, difusión de los Derechos Indígenas, elaboración de un Protocolo de Consulta y Participación, y la representación en carácter de pueblos y culturas diferentes y no enmarcadas como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). También se dejó constatado el interés de ampliar a cuatro el número de representantes, un miembro por cada una de las regiones (NOA, NEA, SUR y CENTRO).
La Comisión Nacional Asesora para la Conservación Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) es un ámbito de discusión en el que participan los distintos actores de la sociedad involucrada directa o indirectamente con la conservación, uso y/o acceso a la biodiversidad. Fue creada en 1997, en el marco de la Ley 24.375 que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).
Tiene por objetivo generar consensos entre distintos actores de la sociedad y los pueblos originarios a fin de generar e implementar políticas de Estado en materia de biodiversidad. Su principal función es la de asesorar a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en todos los aspectos relacionados a la implementación de la Ley 24.375. Además será la encargada de elaborar y proponer ante la autoridad de aplicación una Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica y las Metas Aichi 2010.
Entre sus desafíos, se establece: Promover la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios que provee, así como distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, y de los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos. Estará integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales. Incrementar las capacidades del Estado para poder desarrollar y ejecutar políticas públicas en materia de biodiversidad. Elaborar una estrategia nacional de biodiversidad desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad, y que represente la integración entre los Derechos Humanos y el ambiente. Lograr el desarrollo e institucionalización de esta visión. Contribuir al fortalecimiento de las instancias de cooperación en materia de biodiversidad en el ámbito del MERCOSUR, profundizar una mirada regional.
La titular de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Révora, en la presentación y apertura se refirió al peligro que implica para Argentina la falta de control y regulación de la explotación de los recursos naturales, que actualmente se realiza de manera indiscriminada e irracional: “Nosotros estamos en presencia de un modelo de producción y consumo que es insustentable, este modelo lo que busca es maximizar las ganancias a corto plazo y detenta nuestros recursos en función de tener esas ganancias, sin darse cuenta que ese sustento natural es lo que permite obtener esa materia prima para hoy y para el futuro. O sea, la dilapidación, la degradación que este sistema está logrando sobre los bienes naturales implica pobreza para mañana, no solo para nuestro país sino también para el mundo”, expresó.
Manifestó también que Argentina no es ajena a la realidad de los otros países que son víctimas de esta política de saqueos de los recursos naturales. “Hemos entendido que nosotros estamos ante la crisis ambiental de la presente civilización. Estamos ante una crisis de valores, donde se privilegian ciertos valores que van a contramano de los valores esenciales de la humanidad como la justicia, la solidaridad y el respeto al otro y al diferente. Esto implica, por supuesto que, los sectores más vulnerables, los más pobres tanto en la Argentina, como en el resto del planeta, son los que más sufren. Por lo tanto, esta estrategia nacional de biodiversidad que queremos nosotros hoy comenzar a trabajar, con todos ustedes, apunta precisamente a reducir la pobreza. No hay estrategia de biodiversidad sin equidad social, de lo contrario nosotros vamos a contramano de lo que es la vida en el planeta en el futuro”, manifestó.
Aseguró, además, que si seguimos con este nivel de depredación, degradación y utilización de los recursos naturales como se están dando en el mundo, vamos a necesitar a muy corto plazo –en 20, 30 o 50 años- dos planetas. Por eso llamó a formar una ciudadanía con responsabilidad con el medio natural, para que actúen en consecuencia.
Para ellos, la secretaria reiteró que será necesario la coordinación con los diferentes organismos público, especialmente con la plena participación de los pueblos originarios, con los que se podrá establecer una excelente estrategia para la conservación de la diversidad biológica para todos.

sábado, 5 de noviembre de 2011

COMISION DE SEGUIMIENTO DEL ENOTPO




En el Hotel COMRA los días 2, 3, 4 y 5 de Noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convocaron las autoridades tradicionales de las más de 40 Organizaciones que componen el ENOTPO.
La mesa de autoridades fue presidida por los referentes de los Pueblos Guaraní, Huarpe, y Mapuche. En la ocasión se definieron los referentes políticos que compondrán el espacio de los Pueblos Originarios ante el AFSCA y demás espacios de representación y de gestión políticas en ámbitos estatales, etc. Entre los ejes de discusión sobre el espacio de Comunicadores se hicieron propuestas de funcionamiento a la cual se llegó a un consenso de actuar en forma simultánea y complementaria entre Comunicadores y Autoridades.
Entre las actividades que el ENOTPO participo durante estos días de sesión en Buenos Aires fueron, las Jornadas de Políticas Publicas Indígenas en las instalaciones de la Universidad Nacional de Lanús, con la participación de la Titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la Dra. Alicia Kirchner. Por otro lado durante la jornada del día sábado 5 también una comitiva se trasladó hacia la Ciudad de Mar del Plata donde se participara del evento organizado por Cancillería de la Nación, con vistas a la celebración de la cumbre del ALCA.
Mientras que antes de concluir las sesiones de la comisión de seguimiento del ENOTPO, el equipo del programa radial “Comunicación con Identidad” producido por los Pueblos Tastil, Lule y Diaguita, acordó con las autoridades pautar entrevistas mensuales a los referentes políticos del espacio con el fin de difundir las definiciones políticas del ENOTPO.

viernes, 4 de noviembre de 2011

Protocolo de Nagoya


19-ago-2011
Daniel Martín

El protocolo de Nagoya para proteger la biodiversidad - Leszek Leszczynski
En 2010 se adoptó el Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos en Nagoya, Japón. Conoce en qué consiste este protocolo.



El 29 de octubre de 2010 se adoptó en la ciudad japonesa de Nagoya el Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos, el cual lleva el nombre de esta ciudad y se espera que entre en vigor en 2012, unos 90 días después de que 50 países lo firmen. Pero ¿qué implica exactamente y qué supone para los países firmantes?

Origen del Protocolo de Nagoya

El Protocolo de Nagoya es un acuerdo suplementario a la Convención sobre Diversidad Biológica de 1993. Su nombre completo es el de "Protocolo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización".

Nace a partir de la histórica reivindicación de los países en desarrollo para garantizar el reparto equitativo de los beneficios obtenidos a partir de la explotación de los recursos genéticos en cualquier parte del globo.



Qué protege el Protocolo de Nagoya

Es decir que supone un instrumento para que los conocimientos que los numerosos pueblos indígenas tienen sobre la naturaleza no sean explotados indiscriminadamente por parte de industrias como la farmacéutica, la biotecnológica o la cosmética.

Así, el Protocolo de Nagoya pretende ahondar en la transparencia, en las reglas y procedimientos justos y en la conservación del medio ambiente, con la biodiversidad como eje primordial, especialmente en aquellas comunidades que se pueden ver afectadas por la explotación y uso de los recursos genéticos.

El uso y la explotación de recursos genéticos que se mencionan en el Protocolo se refieren a la investigación, el desarrollo de productos, las aplicaciones que puedan tener y la comercialización de los mismos.

Obligaciones del Protocolo de Nagoya

La firma del Protocolo supone ciertas obligaciones para los países que la hagan efectiva. Entre estas, los firmantes deben desarrollar una legislación clara y transparente que dé seguridad jurídica respecto a los recursos genéticos, para que estos se compartan de manera justa y equitativa con los pueblos y comunidades indígenas que los tuvieran.


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En caso de explotación de dichos recursos se debe informar previamente a quien los aporte y facilitar información para solicitar el consentimiento previo, así como establecer los criterios y normas necesarios para la participación de los pueblos indígenas o el consentimiento por parte de estos.

Los beneficios del uso de los recursos deberán compartirse con indígenas

Mediante la legislación desarrollada, los países asegurarán que los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos genéticos lleguen a las comunidades indígenas.

De forma similar se tratan los conocimientos de estos pueblos sobre los recursos genéticos, para cuya divulgación se necesitarán permisos por parte de las comunidades que los posean.

La conservación de la biodiversidad y la alimentación en el Protocolo de Nagoya

En el Protocolo de Nagoya también se hace mención explícita para la conservación de la biodiversidad. Los animales y plantas serán objeto de medidas de conservación y utilización sostenible, especialmente en los países en desarrollo, para lo cual se fomentará la investigación no comercial.

La alimentación y la agricultura son también puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta en el uso de los recursos genéticos, por lo que no se podrán ver dañadas. De la misma forma se tendrán que tener en cuenta las emergencias que provoquen amenazas hacia plantas, animales y la salud humana.

Quién ha firmado el Protocolo de Nagoya

México, India, Brasil, España, Japón, Indonesia, Colombia, Sudán y Perú son algunos de los países que han firmado este Protocolo, que pretende que los beneficios derivados de la utilización de los recursos sean compartidos con los proveedores de estos.

El Protocolo de Nagoya, por tanto, trata de ser un medio efectivo para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la biopiratería y la protección de comunidades indígenas y los conocimientos y recursos que estas tienen.





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