lunes, 20 de diciembre de 2010

DESALOJO EN COMUNIDAD LAS PAILAS CACHI



Despojo territorial a los pueblos originarios sigue pese a leyes A la grave situación territorial de los pueblos originarios de argentina, se le suma un nuevo hecho de violencia y despojo este ocurrió en la Comunidad de Las Pailas (departamento Cachi – SALTA), Territorio ancestral de la Nación Diaguita.Nuevamente una comunidad perteneciente a nuestros pueblos indigenas es victimas del atropello para despojarlos de nuestro territorio. A lo sucedido con las muertes de Javier Chocobar integrante de la nación Diaguita y recientemente en Formosa con la muerte de Sixto Gómez del Pueblo Qom se le suma un violento allanamiento con desalojo forzoso de las familias Diaguitas por parte de los policías, maquinas de la empresa NOROESTE SA comenzaron a destruir de manera salvaje las viviendas, el patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la comunidad, sus sembradíos, huertas frutales, cercos, corrales y cada bien de los comuneros.Esta vez los terratenientes fueron acompañados por las fuerzas represoras que destruyen todo cada vez que se realizan allanamientos a las comunidades indigenas y por orden de desalojo emitida por el juzgado correccional y de garantías Nro 8 a cargo de la Jueza Mónica Graciela Faber a favor del terrateniente Robles quien dice ser el dueño del territorio de la comunidad diaguita el desalojo violento e ilegalmente a las familias de Osvaldo Liquín, Gerardo Mamaní, Quintina Prieto, Quintín Cruz y de Andrés Mamani quienes habitan en el territorio desde siempre,.La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita a través de un comunicado responsabiliza “al Estado Provincial de SALTA por la inoperancia de sus órganos facultados para dar respuestas concretas de políticas públicas para los pueblos indígenas”,” como lo es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas – IPPIS – órgano preocupado en ver como elude las causas judiciales y como disimula su incapacidad en cumplimentar el convenio firmado con el INAI para llevar adelante el relevamiento territorial de la ley 26160, donde sobre 500 comunidades indígenas (RENACI) que posee la provincia, solo se han podido presentar 6 carpetas para su evaluación en 2 años de ser el órgano ejecutor del relevamiento”.Esta situación esta siendo denunciada por el Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Indigenas advirtiendo que de no tomar las decisiones apropiadas y seguir las advertencias de las organizaciones territoriales los problemas continuaran creciendo ante la complicidad de los gobiernos provinciales y nacional que no responden a las leyes existentes; las comunidades y sus organizaciones no están dispuestas a permitir la muerte de ningún integrante de un pueblo originario. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una reciente reunión de los pueblos, organizaciones y comunidades que conforman el encuentro territorial.Agregaron que es muy lamentable que en ninguna de las 17 provincias donde se esta aplicando no halla un equipo técnico de verdad trabajando respondiendo a los intereses de los propios pueblos originarios y sus organizaciones que autónomamente se dan. “La situación de los pueblos originarios y los conflictos territoriales que se están dando cada vez mas seguidos con terratenientes, empresas forestales, mineras, petroleras, turísticas, parques nacionales e inmobiliarias lo cual ha hecho que los pueblos se estén organizando par resistir estos atropellos y no permitir la muerte y el despojo territorial al cual nos están queriendo llevar los intereses económicos y especulativos del sistema”.
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Desalojo a Familias Diaguitas de la Comunidad de Las Pailas – Cachi

Despojo territorial a los pueblos originarios sigue pese a leyes

A la grave situación territorial de los pueblos originarios de argentina, se le suma un nuevo hecho de violencia y despojo este ocurrió en la Comunidad de Las Pailas (departamento Cachi – SALTA), Territorio ancestral de la Nación Diaguita.



Nuevamente una comunidad perteneciente a nuestros pueblos indigenas es victimas del atropello para despojarlos de nuestro territorio. A lo sucedido con las muertes de Javier Chocobar integrante de la nación Diaguita y recientemente en Formosa con la muerte de Sixto Gómez del Pueblo Qom se le suma un violento allanamiento con desalojo forzoso de las familias Diaguitas por parte de los policías, maquinas de la empresa NOROESTE SA comenzaron a destruir de manera salvaje las viviendas, el patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la comunidad, sus sembradíos, huertas frutales, cercos, corrales y cada bien de los comuneros.
Esta vez los terratenientes fueron acompañados por las fuerzas represoras que destruyen todo cada vez que se realizan allanamientos a las comunidades indigenas y por orden de desalojo emitida por el juzgado correccional y de garantías Nro 8 a cargo de la Jueza Mónica Graciela Faber a favor del terrateniente Robles quien dice ser el dueño del territorio de la comunidad diaguita el desalojo violento e ilegalmente a las familias de Osvaldo Liquín, Gerardo Mamaní, Quintina Prieto, Quintín Cruz y de Andrés Mamani quienes habitan en el territorio desde siempre,.
La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita a través de un comunicado responsabiliza “al Estado Provincial de SALTA por la inoperancia de sus órganos facultados para dar respuestas concretas de políticas públicas para los pueblos indígenas”,” como lo es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas – IPPIS – órgano preocupado en ver como elude las causas judiciales y como disimula su incapacidad en cumplimentar el convenio firmado con el INAI para llevar adelante el relevamiento territorial de la ley 26160, donde sobre 500 comunidades indígenas (RENACI) que posee la provincia, solo se han podido presentar 6 carpetas para su evaluación en 2 años de ser el órgano ejecutor del relevamiento”.
Esta situación esta siendo denunciada por el Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Indigenas advirtiendo que de no tomar las decisiones apropiadas y seguir las advertencias de las organizaciones territoriales los problemas continuaran creciendo ante la complicidad de los gobiernos provinciales y nacional que no responden a las leyes existentes; las comunidades y sus organizaciones no están dispuestas a permitir la muerte de ningún integrante de un pueblo originario. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una reciente reunión de los pueblos, organizaciones y comunidades que conforman el encuentro territorial.
Agregaron que es muy lamentable que en ninguna de las 17 provincias donde se esta aplicando no halla un equipo técnico de verdad trabajando respondiendo a los intereses de los propios pueblos originarios y sus organizaciones que autónomamente se dan. “La situación de los pueblos originarios y los conflictos territoriales que se están dando cada vez mas seguidos con terratenientes, empresas forestales, mineras, petroleras, turísticas, parques nacionales e inmobiliarias lo cual ha hecho que los pueblos se estén organizando par resistir estos atropellos y no permitir la muerte y el despojo territorial al cual nos están queriendo llevar los intereses económicos y especulativos del sistema”.

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