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La casa de altos estudios recibió más de un millón de pesos de la Nación para ejecutar un relevamiento de 19 comunidades indígenas con asiento en Tucumán, lo que no se concretó. Sospechan de una maniobra fraudulenta contra el Estado. Apuntan como presuntos responsables al rector Cerisola y a otras dos funcionarias.
Avanza en la Justicia Federal de Tucumán una causa penal que involucra a autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se trata de una investigación sobre el manejo presuntamente irregular de los recursos que el Gobierno nacional remitió entre 2009 y 2011 a la casa de altos estudios para ejecutar un Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Aborígenes, el cual nunca se concretó.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, inició una causa de oficio y realizó una actuación preliminar, a raíz de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que fue reflejado por la prensa, advirtiendo sobre el incumplimiento contractual en el que incurrió la UNT.
De acuerdo a las actuaciones, que ya fueron tramitadas al fiscal federal Carlos Brito a los fines de que concrete la instrucción del caso, se habría concretado una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado nacional por más un millón de pesos, en la que estarían implicadas autoridades universitarias.
Conforme reza el expediente, caratulado "Auditoría General de la Nación s/denuncia pública p.s. Defraudación en Perjuicio del Estado Nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI)”, el plan mencionado "fue el objeto contractual principal del convenio celebrado entre la UNT y el INAI, a ejecutarse en un total de 19 Comunidades Indígenas con asiento en nuestra provincia".
La causa preliminar, a la que EL SIGLO tuvo acceso, advierte que "en virtud de ese convenio, la Universidad recibió los fondos asignados a la provincia de Tucumán por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los años 2009, 2010 y 2011, en el marco de un convenio que tenía por objeto un programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas; recibió los fondos pero no llevó a cabo las tareas por y para las cuáles estaban destinados", agregó Antonio Gómez en su escrito.
Además, se detalla que, conforme a las notas periodísticas que reflejaron el informe emitido por la AGN, "surgiría que el nivel de ejecución del programa escasamente habría alcanzado (hasta julio pasado) el 5 por ciento y que los fondos recibidos, que habría superado el millón cien mil pesos, no fueron rendidos por el INAI". A continuación, el fiscal general recordó que "este Instituto era el encargado del relevamiento, para cuya tarea había suscripto un convenio con la UNT. Esta tarea no fue realizada y completa la maniobra de defraudación", acotó.
En el marco de la investigación preliminar, Gómez ordenó el libramiento de sendos oficios a la AGN y al INAI, "a fin de que cada organismo informe sobre el dinero que habrían recibido la provincia de Tucumán y la UNT en el marco del Plan" y sobre "el detalle del grado de ejecución cumplido de dicho programa y las rendiciones de cuentas efectuadas".
También Gómez requirió a la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un "informe completo de las objeciones formuladas a la rendición de cuentas que habría hecho la UNT".
Dinero sin destino claro
De acuerdo al informe que la AGN remitió al fiscal federal, respecto al desarrollo del plan en la provincia de Tucumán, "no consta ejecución alguna del convenio" y que "sí está documentado que recibió un desembolso de $1.152.259. Dicho desembolso se hizo en tres etapas: $1.021.263 en fecha 20/7/2009; $80.996.00 en fecha 01/02/2010; $50.000,00 en fecha 07/01/2011", detalla la denuncia que Gómez dejó en manos de Brito.
Además, advierte, respecto al mismo informe, que "no consta en toda la documentación ninguna rendición de ninguna de las partidas de dinero recibidas", al tiempo que recuerda que "la unidad ejecutora estuvo a cargo de la UNT por el convenio firmado con el INAI el 22 de noviembre de 2008" y que implicaba "la tarea de relevar 19 comunidades".
Sin embargo, Gómez advierte que "actualmente está rescindido el convenio", que "se están relevando sólo a tres comunidades pero en forma centralizada, por un acuerdo con la Unión Diaguita" y que "no consta en la documentación reunida la realización de tareas de seguimiento ni control. Tampoco se tomaron medidas correctivas ante la falta progresiva de resultados de gestión", agrega el expediente judicial.
Presuntos responsables
Según el fiscal federal general, "a partir del análisis de las pruebas y sin perjuicio de lo que surja de una posible investigación", una de las personas que "prima facie aparecen como responsables del hecho que se investiga", es "Juan Alberto Cerisola, quien en su función de Rector de la UNT firmó el convenio y fue quien, previamente a la firma, 'armaba' todos los instrumentos del proyecto en base a los cuales se determina el contenido final del convenio".
Gómez también apuntó como posible sospechosa a "Viviana García Coté, quien es responsable en su carácter de Coordinadora General del Proyecto 'Programa Provincial' en Tucumán para llevar adelante el relevamiento territorial de comunidades indígenas".
Además, requirió a Brito que investigue a "Andrea Guraib, Directora de la Unidad de Negocios de la UNT (UNE), quien gestionó y firmó documentos para el inicio de la ejecución del programa, incluidos un alta de beneficiarios de pagos, constancia de AFIP, autorización de pagos del Tesoro Nacional y la apertura de una cuenta corriente".
Según Gómez, Guraib, en declaraciones a la prensa, "asume como propia la responsabilidad de rendir cuentas y dar explicaciones" respecto al uso de los fondos y su rendición. En este sentido, el fiscal advirtió que la funcionaria "afirma que Tucumán recibió una sola partida de dinero, cuando surge de la documentación que hubo tres (envíos)".
Por otro lado, el funcionario sostuvo que "hay que tener en cuenta que se ha formado un equipo importante de trabajo, que engloba a once profesionales, diez pasantes alumnos de la Universidad, siete integrantes de comunidades indígenas y dos administrativos, para desarrollas las tareas que nunca se cumplieron", aunque aclaró que "la investigación es prematura aún para determinar grados de responsabilidad de cada una de estas personas".
El tipo delito
Para Gómez, "surge del estudio de estas actuaciones, que las personas mencionadas como responsables, de las condiciones personales referenciadas, entiendo que la conducta desplegada por los mismos se encuentra tipificada por el Art. 174, Inc. 5 del Código Penal (defraudación en perjuicio del Estado de la Nación Argentina), el cual dispone una pena de 2 a 6 años de prisión al que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública".
También consideró que "de las actuaciones incorporadas en autos se desprenden que estarían presentes los elementos para iniciar una investigación de mayor envergadura, que implique declaraciones indagatorias de los responsables, en torno al tipo legal mencionado".
Según el funcionario judicial, las autoridades de la UNT habrían cometido un "ardid (necesario para configurar una defraudación) que estuvo en la firma del convenio para lo cual las personas indicadas como posibles imputadas, realizaron una 'falsa representación' de que asumirían el compromiso del programa de trabajo. En esa representación podemos mencionar todos los documentos preparatorios para la firma del convenio definitivo", explicó.
Respecto al daño ocasionado al Estado nacional, Gómez sostuvo que "el perjuicio que debe configurarse (para constatar la existencia de una defraudación) también está presente: Se trata de un detrimento del patrimonio público, en la suma de $1.152.259 (pesos un millón ciento cincuenta y dos mil, doscientos cincuenta y nueve). Este monto debe ser actualizado para tener una idea apropiada del gravamen causado, ya que estamos a más de 3 años de la maniobra", completó el fiscal.
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