documento fue presentado esta semana y tiene por título “Advertencia sobre la inejecución de las leyes nacionales Nº 26.160 y 26.554. Emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena”. Señala que existe un notorio incumplimiento por parte del Estado Argentino en relación a la aplicación de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Apunta que a la fecha, en Misiones se relevó de forma centralizada apenas tres comunidades mbya, asentadas en Alecrín y Kuña Pirú, por razones de emergencia y necesidad ante conflictos con empresas forestales y la Universidad Nacional de la Plata.
“Otras comunidades han realizado una intimación para que se ejecute el relevamiento en toda la provincia”, añade.
El informe también alerta por la situación que atraviesan las comunidades que viven en el interior de la Reserva Biósfera Yabotí: “A las denuncias por actividades extractivas forestales se suma el intento de venta de parte de territorio de comunidades indígenas (Lotes 8 y 9), que a su vez están en la zona de la Reserva”.
Al respecto, indica que “en Dictamen 607/10 del Ministerio de Ecología de Misiones se informa que existe un Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia y la Fundación Frontera Verde para la adquisición y manejo de la futura reserva natural y cultural Moconá, correspondiente al 95 % de la superficie del lote 8 de la Biósfera de Yabotí; y un plan presentado por la Empresa El Moconá S.A. para el desarrollo de un proyecto eco turístico en el 5 % restante del lote 8 y parte del lote 9 de la reserva de Biósfera de Yabotí. (...) Aclara que ‘recién en esta instancia se procederá a informar y a participar del mismo a las comunidades originarias existentes en la Biósfera de Yabotí, en el marco de la normativa vigente’.”
Además, el estudio reseña que el 30 de noviembre de 2010, en ocasión del “Aty Guazú” (diálogo abierto) en Pozo Azul, “se realizó una reunión con la ministra de Ecología Graciela Rovira, su cuerpo de asesores, el representante de fundación Frontera Verde, licenciado Mario Malajovich y un representante de Moconá SA. Las comunidades manifestaron por nota dirigida al Ministerio de Ecología que no están de acuerdo con la venta del lote 8. En otras oportunidades manifestaron nuevamente su negativa abogando por el derecho de propiedad de las comunidades antes que por un proyecto de reserva natural y cultural”.
Agrega que en una reunión gestionada desde el Ministerio de Ecología con el director de Tierras, Juan Manuel Díaz, “las autoridades provinciales manifestaron nuevamente el interés en la viabilización del proyecto como reserva natural y cultural aduciendo que respetaría los derechos territoriales y la autonomía de las comunidades. Las comunidades rechazan la figura por cuanto no reconoce su propiedad y posesión comunitaria. Se oponen además a cualquier intento de venta a un tercero”.
Violación de otros derechos
Entre las conclusiones finales, sobre la situación en las Comunidades de todo el país, el informe de Endepa resalta que “la falta de implementación del relevamiento se convierte en una herramienta para la violación de todos los derechos indígenas por cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan ancestralmente”.
Asimismo, evidencia que “el territorio de las comunidades, aún aquellas que han logrado obtener la titularización, se encuentra en peligro por no estar asegurado efectivamente el control de sus recursos naturales”.
En ese sentido, denuncia que “durante los últimos años hubo una explosión de las autorizaciones de desmontes, aprovechamientos forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios”.
“Sobre toda la base de este informe denunciamos al Estado Nacional y los Estados Provinciales como responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554. Recordamos que también sobre los funcionarios públicos sobre quienes pesa la responsabilidad institucional de llevar a cabo la ejecución de las leyes mencionadas podrían recaer acciones y condenas penales por incumplimiento de sus deberes”, finaliza el documento.
Territoriodigital
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